El fraude en pagos en Europa: cifras récord, reembolsos millonarios y el reto de la responsabilidad compartida

Introducción

El fraude en pagos se ha consolidado como uno de los principales riesgos estructurales del sistema financiero europeo. A pesar de los avances regulatorios y tecnológicos de la última década, las pérdidas económicas asociadas a estafas y transacciones fraudulentas siguen creciendo en términos absolutos. Entre 2022 y 2023, las entidades financieras del Espacio Económico Europeo (EEE) reembolsaron más de 4.300 millones de euros a clientes afectados por fraude en pagos, una cifra que ilustra tanto la magnitud del problema como el esfuerzo del sector por proteger al usuario final.

Sin embargo, estos reembolsos no han logrado frenar la evolución del fraude. Al contrario, los estafadores han adaptado sus tácticas, desplazándose desde el fraude técnico clásico hacia esquemas basados en ingeniería social y manipulación directa del usuario. El debate ya no se limita a cuánto fraude existe, sino a quién debe asumir las pérdidas y cómo prevenirlas de forma eficaz en un ecosistema de pagos cada vez más digital y fragmentado.

El estado del fraude en pagos en el EEE

Los datos más recientes de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el Banco Central Europeo (BCE) muestran una realidad dual. Por un lado, el valor total del fraude en pagos supera los miles de millones de euros anuales; por otro, la tasa de fraude respecto al volumen total de pagos se mantiene relativamente estable, en torno al 0,002 %.

En 2024, las pérdidas por fraude en el EEE alcanzaron aproximadamente 4.200 millones de euros, un incremento significativo frente a 2023. Este crecimiento no implica necesariamente que los sistemas de pago sean menos seguros, sino que el volumen total de pagos digitales —especialmente online e instantáneos— ha aumentado de forma sostenida.

Medios de pago más afectados

El fraude no impacta por igual a todos los instrumentos de pago:

Transferencias bancarias (incluidos los pagos instantáneos) concentran la mayor parte de las pérdidas en valor absoluto. En 2024 superaron los 2.200 millones de euros, con importes medios elevados por operación.
Pagos con tarjeta registran un número muy superior de transacciones fraudulentas, pero con importes más bajos por caso. El fraude con tarjeta rondó los 1.300 millones de euros en 2024.

Esta diferencia refleja dos estrategias criminales distintas: ataques masivos de bajo valor en tarjetas y estafas más dirigidas y sofisticadas en transferencias.

El papel de la autenticación reforzada (SCA)

La introducción de la Autenticación Reforzada de Cliente (SCA) bajo la Directiva PSD2 ha sido uno de los mayores avances en la reducción del fraude técnico. Las transacciones protegidas por SCA presentan tasas de fraude significativamente menores que aquellas exentas de esta obligación.

El impacto es especialmente visible en pagos con tarjeta dentro del EEE. Cuando el beneficiario se encuentra fuera del área europea —y, por tanto, fuera del alcance obligatorio de SCA— las tasas de fraude pueden ser hasta 17 veces superiores. Esto confirma que la regulación europea ha elevado de forma efectiva el nivel de seguridad, al menos frente a los fraudes basados en credenciales robadas.

No obstante, la SCA muestra claras limitaciones frente a otro tipo de amenazas: aquellas en las que el usuario autoriza conscientemente el pago tras ser engañado.

El auge del fraude APP y la ingeniería social

El Authorised Push Payment fraud (APP) se ha convertido en el principal punto débil del sistema. En este tipo de fraude, el delincuente no accede de forma ilícita a la cuenta del usuario, sino que lo convence para que realice una transferencia voluntaria hacia una cuenta controlada por el estafador.

Ejemplos habituales incluyen:

Suplantación de empleados bancarios.
Falsas inversiones financieras.
Proveedores o comercios inexistentes.
Mensajes urgentes que apelan al miedo o a la confianza personal.

El resultado es especialmente grave desde el punto de vista del consumidor. En 2024, aproximadamente el 85 % de las pérdidas por fraude en transferencias bancarias fueron asumidas directamente por los usuarios, ya que la normativa actual no obliga al banco a reembolsar pagos que el cliente haya autorizado, aunque haya sido víctima de un engaño.

Este dato explica por qué, pese a los miles de millones reembolsados, una parte significativa del daño económico sigue recayendo sobre particulares y empresas.

Reembolsos: protección necesaria, solución insuficiente

El marco regulatorio vigente establece que los proveedores de servicios de pago deben reembolsar las operaciones no autorizadas con rapidez. Este principio ha sido clave para mantener la confianza en los pagos electrónicos y ha convertido a los bancos en el principal amortiguador financiero del fraude.

Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que reembolsar no equivale a prevenir. En mercados donde se han implantado esquemas amplios de compensación por fraude APP, como el Reino Unido, el volumen total de estafas no ha disminuido de forma significativa. Los estafadores continúan operando, mientras el coste se redistribuye entre entidades financieras y, en última instancia, el conjunto del sistema.

Este enfoque plantea problemas de sostenibilidad, incentivos y equidad, y abre la puerta a un replanteamiento profundo del modelo de responsabilidad.

PSD3 y PSR: hacia una responsabilidad compartida

La futura Directiva PSD3 y el Reglamento de Servicios de Pago (PSR) marcan un cambio relevante en la estrategia europea contra el fraude. Entre las medidas clave previstas destacan:

Verificación obligatoria del beneficiario, comprobando la coincidencia entre nombre e IBAN antes de ejecutar una transferencia.
Mayor responsabilidad de las plataformas digitales, limitando la publicidad de servicios financieros no autorizados y exigiendo la retirada de contenidos fraudulentos.
Extensión de la protección en casos de suplantación, especialmente cuando el estafador se hace pasar por un proveedor de servicios de pago.
Refuerzo de las obligaciones de detección y monitorización del fraude para bancos y PSPs.

El objetivo no es trasladar todo el coste a un único actor, sino alinear incentivos en todo el ecosistema: entidades financieras, fintechs, plataformas tecnológicas, reguladores y usuarios.

Implicaciones para el ecosistema fintech

Para el sector fintech, este escenario presenta tanto riesgos como oportunidades. Por un lado, el aumento del fraude presiona los márgenes y eleva los costes operativos. Por otro, abre espacio para la innovación en:

Analítica avanzada y detección en tiempo real.
Identidad digital y autenticación contextual.
Colaboración interbancaria y compartición de inteligencia antifraude.
Educación financiera y concienciación del usuario.

La capacidad de ofrecer pagos seguros sin fricción excesiva se perfila como una ventaja competitiva clave en los próximos años.

Conclusión

El fraude en pagos en Europa ya no puede entenderse como un problema marginal ni exclusivamente bancario. Las cifras de los últimos años muestran que, aunque la regulación ha reducido el fraude técnico, los estafadores han evolucionado hacia modelos basados en la manipulación humana.

Reembolsar miles de millones protege al consumidor, pero no ataca la raíz del problema. La respuesta pasa por prevención, cooperación y una responsabilidad más equilibrada entre todos los actores del ecosistema digital. En ese contexto, el sector fintech tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de liderar una nueva etapa en la seguridad de los pagos europeos.